El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz ha puesto el punto final al periplo judicial de una vecina de San Fernando contra su Ayuntamiento. Con una sentencia dictada el pasado 10 de junio de 2025, tras no presentarse en el juicio a pesar de haber sido citado, condenando a el Ayuntamiento a indemnizar con 29.310,72 euros, más los intereses legales, a una ciudadana de 64 años que sufrió una grave caída por el mal estado del acerado en la Calle Real.
La sentencia, que ya es firme, es la crónica de una doble lucha: la de la víctima contra las secuelas físicas de una caída evitable, y la del ciudadano contra una administración que intentó eludir sus responsabilidades.
Los hechos probados se remontan a la fecha del accidente, mayo de 2.022, cuando la mujer caminaba por la arteria principal de la ciudad. La caída no fue fortuita. Según quedó acreditado en el proceso, el firme presentaba baldosas sueltas. La víctima, al realizar la zancada, pisó el extremo de una de estas baldosas, que actuó como una palanca haciendo que el extremo opuesto se levantara bruscamente, provocando el tropiezo y la caída de la viandante.
El diagnóstico médico fue severo: fractura subcapital de húmero izquierdo. Una lesión que obligó a la afectada a someterse a una intervención quirúrgica y a un largo proceso de tratamiento de fisioterapia para recuperar, solo parcialmente, la movilidad.
Antes de llegar a los tribunales, la víctima inició el camino administrativo preceptivo, presentando una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de San Fernando, como titular de la vía.
La respuesta del Consistorio, sin embargo, fue la de derivar la responsabilidad. El Ayuntamiento «se lavó las manos», argumentando que la competencia sobre esa zona correspondía a la Junta de Andalucía. La administración autonómica, por su parte, no dictó una resolución tras más de un año.
Este muro administrativo, un clásico en los litigios contra la Administración pública, abocó a la afectada a interponer una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz.
El pasado 10 de junio, la justicia dio la razón a la demandante. La sentencia inicial fue demoledora para los intereses municipales, reconociendo el nexo causal entre el deficiente mantenimiento de la acera y las lesiones sufridas.
La cuantía de 29.310,72 euros fue calculada por el tribunal valorando el conjunto del perjuicio: los días de perjuicio personal (curación), las secuelas funcionales y estéticas derivadas de la fractura, el impacto de la intervención quirúrgica y la pérdida de calidad de vida ocasionada.
Finalmente la sentencia es firme y el Ayuntamiento deberá ahora hacer frente al pago, cerrando un caso que evidencia las consecuencias directas de la negligencia en el mantenimiento del mobiliario urbano.
El despacho RIVERIEGO ABOGADOS, estuvo en todo momento con la vecina de San Fernando, desde la gestión de la Reclamación Patrimonial hasta la presentación de la demanda y la defensa de sus intereses legales.
